Declaración de Lupe M. Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, sobre la reciente decisión de revocar la guía relacionada con la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA)

Nos indigna la decisión del gobierno de revocar la guía que subraya la obligación de los estados y hospitales de brindar servicios de salud vitales para el aborto, según la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto. Permitir que los estados y hospitales rechacen a pacientes en situaciones médicas de emergencia que necesitan urgentemente servicios de aborto significa que más personas morirán, sufrirán dolor y trauma considerable o perderán la posibilidad de tener hijos. Ya hemos enfrentado las muertes trágicas y evitables de las personas a quienes se les negaron estos servicios debido a las prohibiciones del aborto en sus estados y esta decisión solo empeorará la situación.

A nadie se le debe negar los servicios de salud en una emergencia médica, sin importar quién sea ni dónde viva. No toleraremos estas injusticias y no dejaremos de luchar para que todas las personas tengan acceso sin restricciones a todos los servicios de salud que necesitan.